Séverine Deneulin es investigadora en la universidad de Bath, en el Reino Unido. Experta en la relación entre ética, justicia y desarrollo socioeconómico, defiende que hay que partir del análisis de las “capacidades humanas” para medir el nivel de bienestar y justicia en una sociedad. Acaba de presentar en Barcelona su último libro Wellbeing, justice and development ethics.

 ¿A qué nos referimos cuando hablamos de “capacidades humanas”?

Son las oportunidades que tienen las personas para ser o hacer aquello que valoran: trabajar, estudiar, alimentarse, vivir en un ambiente seguro…. El enfoque basado en las capacidades humanas nos dice que tenemos que evaluar las situaciones desde la perspectiva de si proporcionan o no oportunidades de ser o hacer, o sea, de vivir una vida plenamente humana.

 ¿Cómo puede ayudar este enfoque al desarrollo de los países y de las sociedades?

 Sustituye al enfoque tradicional de los ingresos. Durante décadas, el desarrollo se ha medido en función del nivel de ingresos. Los países desarrollados eran los que tenían ingresos más altos. Y también la pobreza se medía por debajo de un nivel determinado de ganancias. Este enfoque dice que lo hay que analizar no es tanto el ingreso, que es importante, sino lo que la gente puede hacer con él. Si la gente vive bien o no. Por ejemplo, en Arabia Saudí, el PIB es seis veces más alto que en Vietnam, peros las mujeres no pueden ser o hacer lo que valoran: si una quiere estudiar o ser doctora, no puede; si quiere ir a un sitio en coche, no puede ir sola ya que no puede conducir. Hay que evaluar a los países desde esta perspectiva. Estados Unidos está considerado como un país desarrollado, pero cuando uno lo evalúa desde la perspectiva de las personas, ve que la cobertura sanitaria es desigual, que la población negra sufre discriminaciones, que no todas las personas tienen las mismas oportunidades.

 En su libro, usted habla de sociedades más justas. ¿Existe una definición clara de qué es una sociedad justa?

 No podemos decir qué es una sociedad justa, pero sí podemos afirmar que una situación es injusta, si, como consecuencia de ella, alguien no puede vivir bien. En el caso de Panamá que analizo en mi libro, la construcción de una presa sobre el río Changuinola amenaza la supervivencia de las comunidades indígenas de la zona. Esto es injusto. Podemos encontrar soluciones alternativas, y eso implica establecer un diálogo activo entre todas las partes.

 Pero no siempre se llega a acuerdos. Entonces, ¿hasta qué punto no es preferible defender el interés de una mayoría aunque ello conlleve perjudicar el interés personal de unos pocos?

No existe una distinción entre el bien personal y el colectivo. El bien personal es también el bien colectivo, ya que forma parte de él. Hay que encontrar un punto en el que el progreso beneficie a todos, no a muchos o a unos pocos, sino a todos, y con una visión a largo plazo. El ejemplo de la región peruana de Ica es claro al respecto. Esta árida zona al sur de Lima era una de las regiones con una menor renta per cápita del país a principios de los 90, cuando el gobierno implantó políticas liberalizadoras y abrió el sector agrícola a las inversiones extranjeras. El resultado fue que, en pocos años, la región cambió su modelo de agricultura a pequeña escala e implantó masivamente el cultivo del espárrago, un producto mucho más lucrativo en el mercado internacional. Hoy, Perú es el principal exportador mundial de este alimento y el valle de Ica concentra el 95% de la producción nacional y no registra apenas desempleo. Pero si miramos estos aparentes beneficios con una mayor perspectiva, veremos dos cosas: por un lado, la mayor parte de las ganancias han ido a las empresas exportadoras, intermediarias y distribuidoras, y no a los productores; y, en segundo lugar, el consumo intensivo de agua que este cultivo requiere afecta a los acuíferos de la zona hasta el punto de que, al ritmo actual, se estima que un tercio de ellos se agotarán en los próximos 25 años. Estos nos invita a reconsiderar los medios y fines de lo que entendemos por desarrollo.

 ¿Puede existir, entonces, desarrollo sin justicia social?

No. Sin justicia social, no hay desarrollo. En cambio, un país justo siempre es un país desarrollado, a nivel humano.

 ¿Existe una receta universal para crear sociedades justas?

 No hay soluciones ideales, pero sí existen unas condiciones universales que deben darse y que se basan en la capacidad de generar empatía, de generar diálogo, de ver a todas las personas como iguales, sin distinciones.

 En un contexto de crisis de las relaciones económicas, sociales y políticas a nivel mundial, han surgido en muchos países movimientos ciudadanos que buscan alternativas al poder. Para cambiar las cosas, ¿hay que ir contra las estructuras de poder o se puede colaborar con ellas?

 Depende de las circunstancias y de los contextos. En Brasil, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores empezó como un movimiento sindical y hoy es uno de los partidos más importantes y gobierna el país. En otros países, los movimientos sociales han tenido que enfrentarse a gobiernos dictatoriales que usan la violencia contra las personas que piensan diferente para conseguir transformaciones. Pero el Estado también somos todos nosotros. No es una cosa que esté ahí, ajena a nosotros.

 

¿Qué papel juega la educación para mejorar las sociedades?

 Un papel crucial, sin duda, en la medida que la educación debe contribuir a formar ciudadanos libres y responsables, con capacidad crítica y con conciencia social. Debe facilitar la comprensión de las realidades sociales, no solo el aprendizaje de conocimientos.