Han pasado más de dos décadas desde la aprobación de la Convención de los derechos del Niño para que una de sus disposiciones, la que establece que los niños y las niñas puedan denunciar directamente a los estados ante el comité de Derechos del Niño de la ONU, empiece a ser una realidad.

La ratificación este año del llamado tercer protocolo facultativo de la Convención- conocido como procedimiento de Comunicaciones- por parte de un grupo de 20 países permite abrir esta vía y supone un paso adelante en la protección de la infancia. Si bien las organizaciones sociales que trabajan en este ámbito celebran este logro, advierten que el largo tiempo que ha requerido esta ratificación indica el bajo estatus que se otorga a niñas niños como sujetos de derechos.. Entre los países que han aprobado el protocolo, figuran España y otros once países europeos, cuatro latinoamericanos, Marruecos y Mali por África y tan sólo maldivas pro Asia.

Jorge Cardona reconoce la importancia de este protocolo como instrumento de defensa y protección de los derechos de la infancia y señala que en adelante veremos nuevas formas de acciones de organizaciones sociales y de cooperación internacional dedicadas a infancia. Sin embargo, advierte debilidades en el caso de España, donde no hay experiencia en acudir a los comités de Naciones Unidas, no existen despachos jurídicos especializados en esta materia y la ciudadanía desconoce este recurso legal que tiene a su alcance.

Hasta ahora la capacidad de acción del Comité de Derechos del Niño giraba en torno a los Informes quinquenales de los países y a los llamados “Informes sombra” que elaboran las ONG. ¿Qué cambia ahora con el Protocolo de las Comunicaciones?

El tercer protocolo tiene dos partes. La primera se refiere a la posibilidad de presentar comunicaciones por parte del niño, la niña, o sus representantes en caso que haya habido una violación de sus derechos. Pero en segundo lugar, ahora también el Comité, si llega a su conocimiento una violación grave o sistemática de los derechos de la infancia en un país, puede decidir abrir una investigación. Estas dos acciones se suman a ese diálogo interactivo que ocurría cada cinco años cuando se presentaban los informes de los países. De todas formas, los legisladores de ese protocolo son los Estados, y por ello cada estado puede decidir, en el momento de la ratificación, si acepta la segunda parte del protocolo además de la primera. Son algunas de las debilidades en las que deberá seguir avanzando en el futuro.

¿Qué efectos reales tiene la presentación de estas comunicaciones o denuncias ante el Comité?

La función del Comité es entones determinar si ha habido o no una violación de los derechos, y en caso afirmativo determinar la reparación que correspondería, que puede ser una indemnización o la reforma de una ley. Pero el Comité genera recomendaciones, ya que sus decisiones no son obligatorias.

Se trata de entonces de otra debilidad del tercer protocolo. ¿Qué otras debilidades y fortalezas destacaría del mismo?

Las comunicaciones para denunciar violaciones de derechos son individuales. Una debilidad es que no se pueden presentar de forma colectiva por parte de grupos de niñas y niños. Esta opción se trató de incluir en el redactado pero los Estados la rechazaron. Pero, por otro lado, una fortaleza es que se trata de un instrumento potente para la sociedad civil, que como en el caso de Otros Comités como el de Eliminación de la Discriminación contra al Mujer (CEDAW) o el de los derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), son muy utilizados por organizaciones como las inglesas o las nórdicas.

¿Y en España?

El caso español es diferente. Hace poco realicé una investigación sobre despachos de abogados especializados en presentar este tipo de demandas para difundir el tercer protocolo, y mi sorpresa fue que no los había, que España nunca acude a ningún Comité, y que además, estos instrumentos legales son poco conocidos por parte de la ciudadanía.